Nepotismo del siglo XXI
Domingo 4 de febrero de 2018
Esta semana se puso de moda el nepotismo. El concepto viene de la palabra latina nepos-nepotis, que estrictamente significa sobrino, pero es una forma de corrupción política que consiste en favorecer a los parientes con cargos públicos.
Resulta que el miércoles 31, al ser publicado en el Boletín Oficial de la Nación, entró en vigencia el Decreto 93/2018, que establece que “no podrán efectuarse designaciones de personas en todo el sector público nacional que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado con el Presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro”. Los funcionarios alcanzados por la medida deben apartarse de sus funciones antes del 28 de febrero y están exceptuados los que hayan sido designados por concurso público de antecedentes y quienes cuenten con estabilidad en el cargo.
Como resultado del decreto aparecieron los parientes de los ministros que son funcionarios nacionales: no son tantos, pero sorprende que casi todos ellos hayan nombrado en estos años a sus mujeres, hermanos, hijos o padres (los sobrinos y más lejanos se salvaron porque pasan el tercer grado de parentesco). No es ninguna novedad que los familiares próximos y a veces no tan próximos de los funcionarios están en la lista de los que ligan algo y no creo que la medida termine con la costumbre: siempre se puede pedir el favor a un gobernador o intendente amigo y ya se sabe que favor con favor se paga.
La eficacia de la medida es demagógica porque 20 o 40 personas no hacen ninguna diferencia en el personal de la administración pública nacional. Y está claro que sería una discriminación al revés impedir el empleo público a los parientes cercanos de los funcionarios sólo por serlo. Por eso se impone la contratación por vía de concurso de todos los empleados del Estado, pero se puede ir más lejos.
En el mundo hay ejemplos sobrados de sistemas de formación, selección y contratación de los funcionarios. El más conocido es el sistema francés y su famosa ENA (École nationale d’administration) que depende de la Presidencia. Y no sólo la ENA: todos los ministerios tienen una o varias escuelas para la formación y selección de sus funcionarios, al estilo de las escuelas para diplomáticos. La ENA fue fundada por De Gaulle en 1945 con el fin de democratizar el acceso a los cargos más altos de la función pública; desde 1991 dejó su sede de París para instalarse en Estrasburgo. No lo tenemos a De Gaulle pero quizá sea hora de que alguien funde en la Argentina una escuela que seleccione, prepare y democratice el acceso a los cargos públicos más altos de la administración pública.
¿Y los cargos electivos? Son los de más responsabilidad y su única condición es la mayoría de edad, nunca la idoneidad, ni la experiencia, ni la capacidad, ni la inteligencia ni otro título que haber ganado una elección. Hemos probado en nuestra ya no tan corta historia que somos capaces de elegir a los personajes más increíbles porque las elecciones se han convertido en un juego de marketing político para manipular los votos. Además –en no pocos casos y en todas las jurisdicciones y partidos políticos– han aparecido los vivos que se sirvieron de la democracia y de la antigüedad de las leyes para fregarse en los límites temporales del poder: convirtieron el sistema republicano en un ejercicio dinástico.
Si para democratizar la administración pública necesitamos un sistema de selección y formación, en los cargos electivos se impone establecer un límite a los parentescos, para evitar también el nepotismo, pero sobre todo que los cargos sean hereditarios y así respetar el espíritu de las leyes. Además debería hacerse públicamente a los candidatos pruebas de capacidad física, moral y psicológica. Y si no lo establece la ley, seguirá siendo misión exclusiva del periodismo, pero le recuerdo que el periodismo no puede prohibir a nadie ser candidato.
Por Gonzalo Peltzer
gpeltzer@elterritorio.com.ar
Resulta que el miércoles 31, al ser publicado en el Boletín Oficial de la Nación, entró en vigencia el Decreto 93/2018, que establece que “no podrán efectuarse designaciones de personas en todo el sector público nacional que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado con el Presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro”. Los funcionarios alcanzados por la medida deben apartarse de sus funciones antes del 28 de febrero y están exceptuados los que hayan sido designados por concurso público de antecedentes y quienes cuenten con estabilidad en el cargo.
Como resultado del decreto aparecieron los parientes de los ministros que son funcionarios nacionales: no son tantos, pero sorprende que casi todos ellos hayan nombrado en estos años a sus mujeres, hermanos, hijos o padres (los sobrinos y más lejanos se salvaron porque pasan el tercer grado de parentesco). No es ninguna novedad que los familiares próximos y a veces no tan próximos de los funcionarios están en la lista de los que ligan algo y no creo que la medida termine con la costumbre: siempre se puede pedir el favor a un gobernador o intendente amigo y ya se sabe que favor con favor se paga.
En el mundo hay ejemplos sobrados de sistemas de formación, selección y contratación de los funcionarios. El más conocido es el sistema francés y su famosa ENA (École nationale d’administration) que depende de la Presidencia. Y no sólo la ENA: todos los ministerios tienen una o varias escuelas para la formación y selección de sus funcionarios, al estilo de las escuelas para diplomáticos. La ENA fue fundada por De Gaulle en 1945 con el fin de democratizar el acceso a los cargos más altos de la función pública; desde 1991 dejó su sede de París para instalarse en Estrasburgo. No lo tenemos a De Gaulle pero quizá sea hora de que alguien funde en la Argentina una escuela que seleccione, prepare y democratice el acceso a los cargos públicos más altos de la administración pública.
¿Y los cargos electivos? Son los de más responsabilidad y su única condición es la mayoría de edad, nunca la idoneidad, ni la experiencia, ni la capacidad, ni la inteligencia ni otro título que haber ganado una elección. Hemos probado en nuestra ya no tan corta historia que somos capaces de elegir a los personajes más increíbles porque las elecciones se han convertido en un juego de marketing político para manipular los votos. Además –en no pocos casos y en todas las jurisdicciones y partidos políticos– han aparecido los vivos que se sirvieron de la democracia y de la antigüedad de las leyes para fregarse en los límites temporales del poder: convirtieron el sistema republicano en un ejercicio dinástico.
Si para democratizar la administración pública necesitamos un sistema de selección y formación, en los cargos electivos se impone establecer un límite a los parentescos, para evitar también el nepotismo, pero sobre todo que los cargos sean hereditarios y así respetar el espíritu de las leyes. Además debería hacerse públicamente a los candidatos pruebas de capacidad física, moral y psicológica. Y si no lo establece la ley, seguirá siendo misión exclusiva del periodismo, pero le recuerdo que el periodismo no puede prohibir a nadie ser candidato.
Por Gonzalo Peltzer
gpeltzer@elterritorio.com.ar
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