Advierten que la población no acude a la Justicia por falta de credibilidad

Lunes 9 de diciembre de 2019 | 04:00hs.
Nazarena Torres

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

El sistema judicial se encuentra atravesando un difícil momento. Las demoras en las resoluciones -producto de falta de personal e infraestructura- y las caída en la credibilidad de los agentes hacen que la mayoría de aquellos que tienen problemas, opten por buscar cualquier otra alternativa antes que acudir al sistema de Justicia.
Esto es lo que se desprende como conclusiones de un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Se trata de un estudio que demuestra que, frente a un problema jurídico de cualquier índole, en los dos últimos años el 53,6 por ciento decidió no iniciar acciones legales y tratar de solucionarlo por su cuenta, mientras que el 46,4 por ciento restante sí acudió al sistema de Justicia.
Asimismo, de ese 53,6 por ciento que no realizó denuncias, un 73,6 por ciento tenía conflictos por derechos sociales, un 68,3 por ciento por derechos económicos, un 48,3 por ciento problemas familiares y el 39,3 por ciento por problemas de inseguridad.
No obstante, otro de los datos más graves que determina el informe de la UCA, refiere a que del total que realizó acciones judiciales, más de la mitad no estuvo satisfecho con la atención recibida.
De esta forma, el 57,5 por ciento adujo no estar conforme en contraposición al 42,5 por ciento que sí lo estuvo.
El estudio indica además que la dificultad para acceder a la Justicia se profundiza en sectores pobres.

Prestigio
“La Justicia ha perdido su prestigio, no sólo se le reclama por la demora, sino también independencia”, sostuvo Juan Manuel Fouce, presidente del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis).
En diálogo con El Territorio, ratificó que los datos que se desprenden del informe de la UCA devienen de la búsqueda de las personas de “alternativas, ante la no obtención de resultados por parte de la Justicia”.
En ese sentido, adujo que para volver a tener credibilidad ante la población, es necesario trabajar en la transparencia de los actos y fallos, tener más estadísticas, publicidad de lo que se hace”.
Un ejemplo de esta necesidad es la emanada desde la Cámara de Representantes de la Provincia, que aprobó una ley para que sea obligatoria la publicación de todas las sentencias, acordadas y resoluciones administrativas del Superior Tribunal de Justicia (ver Publicación por ley).
Sin embargo, Fouce aclaró que todo esto se debe lograr necesariamente con el trabajo conjunto de todos los actores y agentes que hacen al sistema judicial.
“No hay planteo judicial que se pueda hacer sin un abogado y si bien, los empleados judiciales hacen grandes trabajos, se debe bregar por la labor conjunta”, especificó.

Desconocimiento
Otro de los puntos importante que determina el informe de la UCA tiene que ver con la diferencia socioeconómica y el desconocimiento ante las posibilidades de acceso a la Justicia por parte de la población.
En los estratos más bajos de la población se registra la mayor cantidad de gente que no hizo nada respecto a algún problema que tuvo (32,5 por ciento), siendo también el menor número que buscó algún tipo de ayuda (63,2 por ciento), en relación a otros niveles económicos.
“Se tiene que hacer más difusión, con ello se va a permitir la llegada de la Justicia a la gente, demostrando que es accesible”, indicó Fouce.
Al tiempo que remarcó: “Se tiene que insistir en medidas más rápidas, que en ciertos casos pueda llegarse a una resolución en dos meses. Pero para ello es necesario un trabajo de los abogados, la Justicia y la sociedad, sentarse a discutir las posibilidades”.
“La Justicia cuando es lenta llega de forma abstracta, tardía y es lo que la gente reclama, contar con la justicia cuando la necesita”, concluyó.


Publicación por ley

La Cámara de Diputados de Misiones aprobó el pasado 10 de octubre, una normativa que indica que desde ahora la Justicia de Misiones deberá publicar en un sitio de internet determinado todas las sentencias y resoluciones que emanen del Poder Judicial. Buscan de esta manera hacer más transparente el proceso judicial.
La iniciativa fue propuesta por los diputados Víctor Kreimer y Carlos Rovira.
“Se establece el derecho al acceso a la información judicial que se materializa por medio de la obligatoriedad de publicar todas las sentencias, acordadas y resoluciones administrativas que dicte el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia como así también los demás tribunales y juzgados que de este dependan”, afirma el primer artículo de la norma.
Especifica que “las publicaciones dispuestas se deben realizar a través de un diario judicial en formato digital o bien mediante la publicación de artículos en este formato. El mismo debe ser accesible al público de forma gratuita, por medio de la página de internet del Poder Judicial de la Provincia”.
Consideran que con esta nueva normativa se favorece “la transparencia, información a la sociedad y mejore las condiciones de ejercicio para los profesionales del derecho”. Y se asegura que “a partir de la difusión de los fallos podrían desarrollarse compendios de jurisprudencia que facilitarían y harían más eficiente la tarea de los abogados y, avanzar en el cumplimiento del principio republicano de publicidad de los actos, como el caso de la justicia de nuestra provincia”.


En cifras

53,6%

De personas que tuvo un problema no acudió a la justicia en primera instancia, mientras que el 46,4 por ciento restante sí lo hizo.

57,5%

De los que acudió a la justicia no quedó conforme con la atención recibida, en contraposición al 42,5 por ciento que sí lo estuvo.



Aducen que el deterioro del sistema comenzó en los 90

El fiscal Federico Delgado se refirió al deterioro de la Justicia en la Argentina, y lo adjudicó, en gran medida, a un fenómeno de Occidente.
El fiscal, que hace cuatro meses viajó a España, aclaró a La Nación que la distancia le permitió analizar el sistema judicial del país al que comparó con el de Cataluña, más allá de algunos matices.
Para Delgado, el desafío radica en “pensar cómo salir de una Justicia que está sospechada y que crea productos sospechados, los cuales administra en un estado de sospecha”.

Deterioro
De acuerdo a lo que dijo el funcionario, el sistema judicial en la Argentina comenzó a deteriorarse en la década del 90, y a partir de ese momento se desencadenó en forma constante y descendente.
“Tal cual como funciona hoy un sector de la Justicia Federal es muy remunerativo para el esquema de poder que funciona en el país”, apuntó de manera crítica.
“De algún modo, un sector de la Justicia Federal se volvió un espacio autónomo y se escapó de la Constitución, lo que ha traído muchos problemas, algunos reales y otros sobredimensionados, pero el resultado final es un clima de sospecha generalizada”, manifestó seguidamente el fiscal Delgado.
En casi todas las causas los imputados acusan a los jueces de ser imparciales”, resaltó asimismo.
Al mismo tiempo que recalcó que el gran desafío de los magistrados justamente debería ser abstraerse de ideologías para aplicar la ley.
“La lealtad de los jueces es con la constitución, no con los partidos políticos”, concluyó.

Tenso panorama institucional en la provincia de Misiones

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN)y el Colegio de Abogados de la Provincia se encuentran en una relación tensa.
Es que días atrás, el Colegio expresó su preocupación y oposición a la paralización de la Justicia declarando ferias judiciales en días no conmemorativos.
Fue luego de la decisión del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones de declarar feria judicial, en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacurarí.
Al respecto, consideraron: “La administración de justicia es más que un servicio público y se trata de una de las funciones esenciales del Estado, por lo que la paralización no afecta sólo al justiciable y a sus representantes, sino al Estado mismo y a la comunidad en general”. Luego, desde el Colegio que nuclea a los profesionales del derecho en la provincial señalaron que “la situación es preocupante más aún cuando nos encontrarnos a un corto plazo de una feria judicial de más de 30 días, y tras varios feriados anteriores a ella y con tan sólo seis días de despacho por delante”.
Por su parte, desde la Unión respondieron aseverando que “es casi inaudito tener que resaltar ante los dirigentes que representan a los profesionales del derecho, que la huelga sindical es un derecho de rango constitucional, previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por encima de cualquier otra norma”.
Por otra parte, aclararon que “durante los días de huelga se encuentra plenamente garantizado el servicio mínimo de justicia por los funcionarios y magistrados que asisten a los juzgados, por lo que el justiciable siempre va a obtener respuesta a una solicitud de emergencia”.
“Es una pena que dirigentes actuales de una institución de tanto prestigio y valor social emitan dos comunicados tan faltos de fundamentos, que desinforman a la población general sobre la actividad judicial”, indicaron.
Y apuntaron que “a la Comisión del Colegio de Abogados no parece preocuparles que más del 70% de los trabajadores judiciales misioneros estén por debajo de la línea de pobreza”.

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