Casi dos años después, persiste el pedido de justicia por la muerte de Benjamín

El pasado 4 de agosto Benjamín tendría que haber cumplido 6 años y por estos momentos, seguramente estaría correteando por el patio de la casa junto a sus hermanitos, creando juegos. 

Era un niño feliz, inteligente y activo, pero desde hace casi dos años su familia solamente puede imaginar cómo hubiera sido su vida a través de fotos y recuerdos porque el sábado 20 de octubre de 2018 murió al tomar contacto con un cable de alta tensión que habría dejado suelto un grupo de operarios de la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Limitada (CEML) después de una serie de arreglos en el Paraje Tarumá, localidad de Caraguatay.

El pequeño estaba jugando con sus primos en frente de la casa de una tía, cuando ocurrió la tragedia.

La descarga fue fulminante y eliminó cualquier esperanza de sobrevida pese a la intervención de la madre, Delia Silvero (30), y el inmediato traslado en un coche particular hasta el hospital de Montecarlo. 

La mujer, que en ese entonces cursaba el cuarto mes embarazo, puso en riesgo su propia vida para salvar la de su niño pero fue imposible.

Ese día, con el apoyo de su concubino, inició el tedioso camino en busca de justicia para Benjamín porque asegura que su muerte no fue un accidente, sino por negligencia y que existen responsables que deberían ir a prisión, colocando en ese rango a tres operarios de la cooperativa que fueron imputados por homicidio culposo pero continúan trabajando con normalidad.

“Dijeron que no tenía electricidad”
Según la denuncia que hizo en la comisaría de Caraguatay, esa mañana los empleados de la CEML a bordo de una camioneta de la entidad repusieron el servicio eléctrico en función de que la noche anterior una máquina había arrastrado y cortado los cables.

Y en ese punto Delia no se cansa de afirmar que dejaron suelto el que luego agarró su hijo. 

“Fueron a arreglar los cables porque el día anterior un camión los arrancó. Después de tanta insistencia repusieron la energía pero dejaron la trampa mortal en el suelo. Mi prima les dijo (a los operarios) que arreglen, que no lo dejen tirado por el peligro con los chicos o con cualquiera, pero respondieron que ellos no tenían nada que ver porque era del servicio de videocable y de eso se iban a encargar los del cable, que no se preocupara porque no tenía electricidad. Los chicos estaban jugando hasta que a las 15:54 mi hijo lo agarró, en su inocencia, lo que produjo su muerte en el acto”, había detallado la madre.

Lentitud judicial

Pero su seguridad sobre los hechos y el deseo de justicia para su hijo no tienen correlato en el ámbito judicial. 

 
Pese a que transcurrieron casi dos años la causa penal avanza lenta y sin definiciones en el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de la jueza Nuria Allou, en tanto que la instancia Civil espera resultados de la otra para avanzar sobre la presunta responsabilidad directa de los operarios y potencialmente indirecta de las autoridades de la cooperativa. 

En la víspera hubo una audiencia de tipo conciliatoria, por videoconferencia, en la que estuvo la jueza Civil Dos de Eldorado, Lorena Toledo, un representante legal de la CEML, un abogado de la firma aseguradora que da cobertura a la entidad y los padres de la víctima acompañados por la abogada Liliana Rolón, quien junto a su colega Claudio Carballo representa a la víctima en ambas instancias.

“Dijeron que nada pueden hacer, ni siquiera se disculparon por lo que le hicieron a mi hijo”, lamentó en diálogo con El Territorio la madre, afirmando que se siente “indignada porque nunca dieron la cara, desde el primer día se lavaron las manos y jamás apareció alguien a disculparse por lo menos, sabiendo que todos ellos son responsables de la muerte de mi hijo, por acción directa u omisión”. 

“Prefieren cubrirse antes que responsabilizarse pero no vamos a bajar los brazos, porque es una lucha que le prometí a Benjamín en su tumba”, dijo al borde del llanto.

Este matutino pudo averiguar que está pendiente aún la concreción de una pericia psicológica a la madre, inconclusa después de la inhibición de un forense judicial que en paralelo es perito de la empresa aseguradora.

Hasta el momento en la causa por homicidio culposo no fue determinada la responsabilidad penal de los imputados.

“Hubo negligencia. Necesitamos que la causa avance en el fuero penal por eso le pedimos encarecidamente a la jueza Allou que haga algo al respecto. Dos años pasaron y sigue todo parado”.