Por Griselda Acuña interior@elterritorio.com.ar
El Colegio Médico de Misiones y auditores del Consejo General de
Educación (CGE) detectaron documentación adulterada presentada por
docentes para justificar inasistencias o bien solicitar licencias en sus
lugares de trabajo. El caso más reciente y grave -por la maniobra
corruptiva que implica- es el que salpica a la médica Fernanda Torres,
quien el miércoles denunció penalmente a una docente por adulterar su
firma y sello en un certificado médico para justificar cuatro faltas a
la escuela donde trabaja, con motivo de estar al cuidado de su hijo
enfermo.
Federico Esquivel, abogado de la médica y representante legal de la
Asociación de Médicos de Misiones (AMI), manifestó que iniciaron
acciones penales y civiles. Asimismo, se realizó el correspondiente
descargo en el Colegio Médico. “La docente presentó un certificado
adulterado, es muy grave porque significa adulteración de instrumento
público y fraude al Estado provincial. Se hizo la denuncia, interviene
el juez César Yaya”, dijo en diálogo con El Territorio.
Carlos Flores, presidente del Colegio Médico de la provincia,
manifestó: “Estamos preocupados hasta el punto que ya hablamos con la
Cámara de Diputados para hacer una ley de sellos, estamos también en el
asunto de la firma digital para que no se falsifique más la firma del
médico”.
“Y nosotros, desde el Colegio Médico, ya estamos en averiguaciones
para hacer sellos que tengan ciertas características que sean difíciles
de falsificar, estamos preocupados por ese tema. Debe haber alguna
connivencia con el organismo, el Consejo General de Educación, es vox
pópuli que allí ocurren estas cosas”, aseveró Flores.
Consultado si tuvieron otras denuncias de adulteración, confirmó
que sí y que eso reviste gravedad lo cual genera amplia preocupación por
la responsabilidad que representa para un médico. “No es una cuestión
de que afecte a una especialidad específica, pasa por la persona
corrupta que quiere tomar el sello”, sostuvo.
“Otra cosa que propusimos es un impuesto a las certificaciones, un
sellado, entonces nosotros llevamos un control y el Estado también, ahí
sí tendríamos por especialidades, por médicos. Eso existe en Santa Fe,
por ejemplo. Cada certificación debe llevar un sellado. Repercutirá muy
poco en el costo del acto médico”, indicó y añadió que la propuesta está
en carpeta en la Comisión de Salud de la Legislatura misionera.
“Es un procedimiento y hay un Ministerio de Modernización, tendría
que entrar por ahí el proyecto para que la firma no se falsifique. Tiene
que ver mucho la tecnología. El Colegio de Médicos de Córdoba ya cuenta
con ese sistema”, dijo.
Si bien no cuenta con una estadística señaló que no son tantas las
denuncias, en tanto atribuyó a que “actúan en los casos que se enteran”,
dejando como mensaje subliminal que hay situaciones no detectadas que
logran su cometido.
Por su parte, Gaspar Argüello, director de Salud Laboral del CGE,
confirmó que tienen casos de falsificación de certificados médicos de
docentes y que pasan al área de legales que se encarga de hacer la
investigación y la cuestión administrativa.
“En general cuando tenemos alguna impresión de que pueden estar
adulterados, por la observación de las certificaciones, lo que hacemos
en principio es llamar al profesional que supuestamente dio esa
certificación y preguntarle si es su firma y letra. Y en esa
circunstancia, con la denuncia del profesional al Colegio Médico,
iniciamos el proceso”, explicó.
“Como primera medida se les niega la licencia y después entra en
proceso el sumario que se le inicia por adulteración de documento
público”, comentó Argüello y agregó que el educador puede, incluso,
hasta perder su cargo o sus horas, por incurrir en este ilícito. “Hay
casos que perdieron su trabajo, claro que sí”, sostuvo.
“No es tan frecuente ahora el tema de la adulteración de
documentos, porque el sistema les impide; pero igualmente hoy en día,
hay entre cuatro o cinco casos al año, o por lo menos los casos que
nosotros detectamos; tenemos que ser honestos en ese sentido”, concluyó.
Denuncia reciente
Fernanda Torres (43), médica
generalista y presidente de la Asociación de Médicos de Misiones (AMI)
se acercó a la Policía a denunciar a quien, según asegura, adulteró su
firma y sello en un certificado médico. El ilícito salió a la luz porque
desde el área de auditoría médica del Consejo General de Educación,
advirtieron que la firma no coincidía con la de la profesional y
realizaron la correspondiente consulta. El certificado tiene fecha de 13
de agosto. La mujer en cuestión nunca fue su paciente. En
tanto según se expresa en la denuncia de Torres, se acercó al
consultorio, enviada por un pediatra, para pedirle la emisión de un
certificado, el cual ella le negó dado que no le correspondía. “Esta
persona se presenta en mi consultorio y me pidió que le expidiera un
certificado médico en razón de que el hijo se encontraba enfermo,
manifestándome que en la víspera otro médico del mismo edificio le había
dado un certificado a su hijo por 48 horas y a ella por 24. Le explico
que yo no podía resolver su inconveniente, sino que debía hablar con el
pediatra”, relató.