Operación círculo rojo

El ministro de Economía Martín Guzmán fue el encargado de presentar esta semana el presupuesto ante el Congreso. Fue en momento en que los datos mostraban que la economía argentina había caído un 19,1% en el segundo trimestre de este año, como consecuencia del confinamiento, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Representa un duro desafío para la administración de Alberto Fernández. No obstante, hay confianza en la recuperación según la proyección dada a conocer por Guzmán ante los Diputados, al dar cuenta que en el proyecto del presupuesto para 2021 se prevé un crecimiento del 5,5%. Esta proyección también se da en un momento que aún no termina de acomodarse el sistema de ahorro en dólares impuesto por la administración nacional. Justamente es una de las cuestiones que genera escepticismo, ya que en el presupuesto para 2021 se calcula para el año un dólar a 102 pesos, cuando justamente en estos momentos en el mercado libre (o ilegal) el dólar ya superó ese registro y promedia cerca de 150 pesos, ampliando la brecha con el oficial en casi 100%. Otro aspecto a tener en cuenta será la evolución de la inflación que, para el próximo año, desde la administración nacional se estima en un 29%, cuando en agosto superó el 40 por ciento interanual, aunque en lo que va de 2020 viene en baja. Está claro que cualquier presupuesto más que nunca es una presunción de los gastos e ingresos, más aún, teniendo en cuenta que nadie tiene certeza de la duración de la pandemia. Justamente esta amenaza sanitaria torna más difícil realizar estos cálculos, porque también está de por medio los diversos planes sociales destinados a mitigar el efecto de la pandemia. Al menos hay una ventaja y es que la Argentina tendrá una reducción en el pago de intereses por deuda, producto de la reestructuración, bajan del 3,4% del total del presupuesto al 1,5%. De esto, la oposición poco habla y representa la gran carga que dejó Cambiemos a la administración actual, hasta la imposibilidad de acceder a más dólares del exterior.

Plan de desestabilización
Desde el lunes pasado empezaron a circular, desde las usinas de operaciones del círculo rojo opositor al gobierno, versiones de que se venía un nuevo corralito en la Argentina. Recomendaban salir corriendo a los bancos a sacar los ahorros, con el objetivo de generar una corrida cambiaria y tensión social. Ello intentando asemejar a otro momento crítico del país. Pero la actual diferencia con el 2001 es notoria. En estos momentos, los bancos están sólidos, con respaldo real de las divisivas depositadas por los ahorristas. Un informe económico que circuló el miércoles por la tarde, elaborado por la agencia de calificaciones Moody’s Argentina, provocó un alivio en los principales ejecutivos y analistas del mercado. El documento sostiene que la elevada liquidez del sistema financiero cercana al 90% logra mitigar el riesgo regulatorio sobre los depósitos en dólares de los ahorristas. Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, aseguró que casi el 90% de los depósitos privados en dólares tienen respaldo inmediato y que se verifica que la situación de los bancos comerciales es sólida: no hay riesgo sistémico o de corrida bancaria que fuerce un eventual corralito en el corto plazo. De esta manera, se desmoronó la campaña en tal sentido, como vienen promoviendo desde sectores de la oposición. Ello, sumado al citado informe, también trajo alivio entre los jugadores financieros locales, la confirmación de que el Fondo Monetario Internacional enviará una misión a la Argentina a principios de octubre, para avanzar con las negociaciones del futuro acuerdo. Todo lo previo calmó al mercado y por ahora sirvió para detener a los desestabilizadores.

Tironeo entre poderes
El presidente Alberto Fernández siendo abogado salió a responder con munición gruesa a quienes tomaron como bandera -como el caso de la oposición- la decisión adoptada sobre algunos magistrados. Recordó que los jueces Leopoldo Bruglia, Germán Castelli y Pablo Bertuzzi fueron designados sin el aval del Senado y, por lo tanto, deben ser desplazados. Planteó que cualquiera que haya estudiado derecho sabe que esto era un escándalo jurídico, por lo que se mostró extrañado por la posición que está adoptando el titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. Recordó que, para nombrar a un juez, los pasos a seguir son primero la de un concurso y antes de que el Poder Ejecutivo resuelva, debe contar con el aval del Senado. Por lo tanto, lo que pasó con los 10 jueces que fueron evaluados, es que 7 se presentaron y 3 no lo hicieron, por lo que el Senado no les aprobó los traslados y el Ejecutivo los mandó a su juzgado de origen. Por lo tanto, el jefe de Estado planteó respecto a estos tres jueces, que lo único que se está haciendo es reestablecer un orden perdido con el gobierno anterior. De esta manera, el presidente de la Nación salió al cruce de Rosenkrantz, quien el día anterior había asegurado que el máximo tribunal tiene la responsabilidad de dar certidumbre a la ciudadanía y daría una respuesta adecuada a derecho al pedido de los jueces que quieren evitar el traslado de sus puestos. El titular de la Corte convocó para pasado mañana, martes 29, a fin de analizar el per saltum solicitado por los jueces. Pareciera que Rosenkrantz se quiere adelantar al nuevo rechazo que sufrirían los jueces en el recurso pendiente. La oposición espera que falle a favor de los 3 jueces, aunque si no lo hiciera seguirán machacando con el supuesto desplazamiento. De paso, al meterse en este planteo, el presidente Alberto Fernández volvió a negar que la reforma judicial que impulsa busque impunidad, como acusa la oposición. Ello tras afirmar que los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y sienten que pierden el poder de manipularlos como con el gobierno anterior. Por eso respondió que no es un mecanismo de impunidad y que no hay un solo juez removido, como tampoco se saca la causa a ningún juez, porque lo único que se apunta a hacer es crear nuevos juzgados.

Escándalo y aprendizaje en Diputados
La renuncia del diputado Juan Ameri a raíz del bochornoso y cuestionable comportamiento con su pareja durante la sesión desarrollada por videoconferencia, deja algunas enseñanzas. La rápida reacción de la política para desprenderse de un legislador que no respetó el ámbito al que pertenece como también la clara mirada que tiene el ciudadano hacia lo que hacen sus representantes. Es decir, quienes nos representan están cada vez más expuestos y por lo tanto, deben responder por sus actos ante una sociedad que espera cada día mejores resultados de la política. Por último, ya nadie discute que el sistema de videoconferencia vino para quedarse y deberán adaptarse todos los sectores y transformarlo en una verdadera herramienta de trabajo y por lo tanto, deberá mantenerse el decoro, la decencia y responsabilidad. Quienes no lo hacen, pueden correr el mismo camino que Ameri.

En la frontera
El bloqueo de la frontera tras declararse la pandemia el 20 de marzo en la Argentina sigue generando un intenso debate en esta parte del país, como también en Paraguay y Brasil.

En Misiones, esta semana se terminó de ratificar la decisión de sostener el cierre de frontera por una cuestión sanitaria.

Brasil define si abre el puente con Ciudad del Este, Paraguay, porque un decreto había establecido la extensión del  bloqueo pero luego el presidente de  ese país afirmó que estaba autorizada la apertura. De esta manera, los que más presión realizan son los comerciantes paraguayos tanto de la ciudad fronteriza con Brasil como de Posadas, entre otros, alegando una situación económica crítica. El gobernador Oscar Herrera Ahuad dejó en claro que el esquema sanitario armado en la provincia está pensado en contener a los misioneros en caso de extenderse la pandemia, pero que ello sería imposible hacerlo si se produjera el movimiento de miles de personas que representaría la apertura de la frontera como ocurría antes del bloqueo por el Covid-19, tanto en pasos fronterizos como Foz de Iguazú y Puerto Iguazú o Encarnación y Posadas. Al respecto también se planteó en la semana, la posición del diputado nacional Ricardo Wellbach, quien, al salir a defender el cierre de frontera por una cuestión sanitaria, sostuvo que el gobierno argentino está haciendo todos los esfuerzos para ayudar a los sectores sociales y económicos más vulnerables en este momento de crisis sanitaria. Citó la importancia de un Estado presente como lo está haciendo la administración de Alberto Fernández, con la implementación de planes como la ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) o el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Sostuvo que ello se hace a pesar de la delicada situación financiera del país. Al entender la preocupación de los paraguayos que están en situación delicada por la falta de ingresos y una falta de política de contención social, planteó que el gobierno paraguayo también podría implementar similares planes para ayudar a la población con más necesidades. Máxime que en el país vecino por no tener inflación y tener saneada su economía, podría brindar similar asistencia social como también lo hacen otros países ante una crisis sanitaria sin precedente en el mundo.

Durante la semana también volvió a reiterarse la necesidad de que Misiones cuente con beneficios impositivos que potencien la producción local frente a un escenario de competitividad dada por los países que la rodean. Primero lo hizo en videoconferencia el gobernador Herrera Ahuad, ante el presidente de la Nación, en oportunidad de hacerse entregas de viviendas. Luego también se ratificó el impacto económico, de unos 10.000 millones de pesos por mes que representaba la fuga de capitales desde Misiones, cuando la frontera estaba abierta y ese dinero terminaba en Paraguay.  Al respecto, el mandatario provincial hizo público que después del pedido formal ya se viene trabajando de manera formal al respecto con la Nación. En tal sentido, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, al hacer resumen del presupuesto 2021 afirmó que se viene trabajando en un ida y vuelta con envío de información, teniendo en cuenta que el tratamiento aduanero tiene un costo fiscal y es el estudio que viene haciendo el equipo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que pidió toda la documentación referida al tema, como los regímenes fiscales de los países vecinos y, las razones del por qué se producen estas asimetrías.

Impactados por la crisis
Además, la administración provincial continúa enfocado en lo que llaman una gestión binaria, tanto en el abordaje integral de los casos de coronavirus sin graves impactos para el sistema sanitario, como las consecuencias económicas que produjo la inactividad para muchos sectores.

Es el caso del turismo. Para este sector, la administración provincial anunciará mañana una disminución en la alícuota de Rentas para los hoteles de Puerto Iguazú. Del mismo modo, el Estado absorberá parte de la deuda de patentamiento para los vehículos habilitados para brindar el servicio de traslado en la Ciudad de las Cataratas. A su vez para impulsar el paseo interno, el Ahora Turismo pensado para el primer fin de semana de cada mes, ahora se extenderá a todos los fines de semana a partir de noviembre. En tanto se ampliará a la hotelería de la provincia, el recorte de intereses de la factura de luz y comenzó además a hablarse de la posibilidad de una importante reactivación del transporte en la provincia, posiblemente a fines de octubre.

Acuerdo e inyección económica
En cuanto a los recientes acuerdos paritarios concretados entre el gobierno de la provincia y los trabajadores, se estimó que implicará una inyección económica cercana a los 700 millones de pesos mensuales. Es decir que este monto llegará a los bolsillos de los empleados públicos, desde docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad, para hacer circular la economía local. Como se recordará también se había acordado un piso salarial de 30 mil pesos para los trabajadores activos y un 14% de suba para todos. Así como representa un mayor incremento, del mismo modo representará un mayor esfuerzo para las arcas provinciales, como resumiera el ministro de Hacienda.

Desde la administración provincial, ante estos acuerdos concretados y por anunciarse, sostienen que forman parte del resultado de escuchar, mantener un diálogo abierto y atender a todos los sectores, impactados por la actual pandemia que no da descanso.