En Chile ya son 11 los muertos y las manifestaciones se tornan más violentas

La que comenzó como una marcha de estudiantes y grupos sindicales volvió a convertir el lunes a Santiago de Chile, donde viven siete de los 18 millones de habitantes del país, en un campo de batalla. Policías reprimieron con gases lacrimógenos las protestas que comenzaron hace cuatro días y que hasta ahora han dejado 11 muertos.

Imágenes de la televisión mostraron el avance los camiones lanza agua de los carabineros -la policía- avanzando por las calles del centro de Santiago mientras uniformados arrojaban gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Por la mañana la gente hacía largas filas en los supermercados para abastecerse ante el temor de que se repitan los saqueos de tiendas del fin de semana, que paralizaron buena parte de las actividades en Santiago. El transporte público funcionó durante toda la jornada con limitaciones, y a partir de las 18.30 se cerraba el metro de Santiago hasta mañana, en el marco del toque de queda declarado por el gobierno nacional.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para proveerse de lo estrictamente necesario y no sobreconsumir”, exhortó en un mensaje televisivo Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. “Seamos prudentes en el consumo para no hacer colapsar el sistema”.

La víspera el presidente Sebastián Piñera dijo que el país está “en guerra” contra un enemigo poderoso. Mientras, la expresidenta chilena y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a todas las partes dialogar y que las protestas sean pacíficas.

“Estoy muy preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días”, dijo Bachelet, citada en un comunicado de su oficina. “Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidos a investigaciones independientes, imparciales y transparentes.”

Las manifestaciones comenzaron la semana pasada cuando el gobierno anunció un alza en la tarifa del subterráneo. Los estudiantes fueron los primeros en protestar, pero las manifestaciones rápidamente se extendieron a otros sectores y se tornaron violentas al grado de incendiar tiendas y los mismos trenes del metro.

Analistas, políticos y hasta el propio Piñera admiten que uno de los gérmenes de la violencia es la gran desigualdad social de Chile, donde la mayoría de los trabajadores tienen ingresos mensuales de entre 562 y 703 dólares y los jubilados reciben pensiones calificadas por varios como “de hambre”.

En muchos suburbios el temor a los saqueos llevó a que centenares de vecinos se organizaran vistiendo chaquetas amarillas y portando fierros, palos y hasta palas para defenderse. Los muertos en los disturbios se elevaron a 11 en la jornada de este lunes, según informó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que precisó que 10 fallecieron calcinados y uno fue baleado por militares.

Las protestas llevaron a suspender las operaciones de buena parte del metro y el gobierno reforzó con 465 autobuses del transporte público. Los ataques al subterráneo dañaron 85 estaciones, el 85% de la red que diariamente transporta a 2,4 millones de personas y que el lunes tenía funcionando parcialmente una de seis de sus líneas. Las otras cinco tardarán semanas o meses en ser restablecidas.

También se suspendieron las clases para más de dos millones de estudiantes secundarios y universitarios y miles de personas trabajaban desde sus casas o vieron suspendidas sus jornadas laborales.
El caos estalló el viernes cuando violentas protestas y actos vandálicos siguieron a las manifestaciones masivas de estudiantes desde el lunes anterior en rechazo a un alza tarifaria en el subterráneo (de 1,12 a 1,16 dólares). El aumento fue anulado el sábado por Piñera y el lunes debía ser tramitado por el Senado.

El desorden generalizado se extendió a ciudades del norte y sur del país y Piñera reaccionó implantando estados de emergencias en una docena de grandes centros urbanos, en varios de los cuales los jefes militares a cargo del orden público implantaron el toque de queda.