“Esto demuestra que hay que regular las comunicaciones en las cárceles”

Son tiempos convulsionados a nivel judicial en Misiones tras revelarse la existencia de distintos planes e informaciones que ubicaban a magistrados y fiscales federales de la provincia en la mira de posibles atentados de parte de organizaciones y detenidos vinculados al narcotráfico. 

Primero fue el descubrimiento del plan que orquestaba el conocido narco-sicario Néstor Fabián “El Negro” Rojas (54) desde el penal de Ezeiza (Buenos Aires) para acabar con la vida del magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, pero a partir de eso también se supo que desde enero hay fiscales (mujeres) federales con custodia las 24 horas como consecuencia de un alarmante dato detectado en Paraguay y que involucraría a otros criminales vinculados al narcotráfico en la provincia. 

Esta última situación fue revelada en forma exclusiva por El Territorio a mediados de la semana pasada y sumó un condimento más al ya enrarecido clima al que ingresó el sistema judicial de la provincia y sus actores. 

En este contexto, en las últimas horas la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) emitió un comunicado en el que repudiaron los hechos suscitados y solicitaron que se garanticen las condiciones de seguridad. 

En el comunicado, las autoridades de Affun se solidarizaron con las fiscales federales misioneras sobre las cuales hubo que proporcionar custodia y otras medidas de seguridad, como el caso de Vivian Barbosa, fiscal general ante el Tribunal Federal de Posadas; Viviana Vallejos, fiscal federal de Oberá, y Miriam Delgado, fiscal federal de Eldorado. 

“Esta Asociación hace llegar su solidaridad a nuestras colegas de la provincia de Misiones e instamos a las autoridades nacionales para que se garantice su seguridad, la de su familia y la de sus colaboradores, de manera efectiva y en forma profesional”, continúa el documento que firmado por las autoridades de la Affun, con su presidente a la cabeza, el fiscal nacional en lo criminal y correccional federal de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Rívolo. 

Por último, señalan que “asimismo hacemos hincapié en la necesidad de que se profundicen las investigaciones a fin de responsabilizar a los autores y evitar que queden impunes”. 

“No es una novedad”

Al margen del comunicado institucional, el propio Rívolo dialogó ayer con El Territorio, instancia en la cual señaló que situaciones de este tipo se vienen registrando en muchas jurisdicciones del país pero hizo hincapié en que tras “el caso Misiones” habría que abocarse de lleno al tema y comenzar a trabajar realmente para frenar la problemática. 

“Nosotros conocimos de esta situación a través de nuestros colegas y a partir de los medios que lo reprodujeron, el tema de las amenazas siempre nos preocupó en las regiones del NOA y NEA y siempre hemos elevado todas nuestras preocupaciones a las autoridades nacionales. En este caso, nuestros colegas ya están con custodia y tanto la Procuraduría como el Ministerio respondieron bien, pero hay que estudiar y trabajar rápidamente en el tema”, expresó el fiscal. 

En este contexto, agregó que “el punto es que hoy, de alguna manera, esto nos demuestra que hay que regular el tema de las comunicaciones dentro de las cárceles, obviamente sin violar las garantías y los derechos de las personas privadas de su libertad, pero es una cuestión a abordar seriamente”. 

Además, Rívolo señaló que todo lo sucedido en Misiones no significó una “novedad” en el ámbito judicial a nivel país, ni tampoco en la Affun, al tiempo que citó como ejemplo lo sucedido a fines de 2018 cuando se descubrió el plan que Juan Ignacio “Naco Goldfinger” Pardo, ex integrante de los Fabulosos Cadillacs, orquestó desde la cárcel para asesinar al fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari. 

“Situaciones similares ya se han registrado en Buenos Aires, Corrientes y otras jurisdicciones. No es que nuestros colegas misioneros son temerosos, el tema de las amenazas es una preocupación general y la problemática existe. Cuando hay fiscales federales que son amenazados el sistema se pone en alerta”, agregó el presidente de la asociación de fiscales de la Nación. 

Por último, Rívolo aprovechó la oportunidad para extender su solidaridad hacia el juez Fernando Verón y celebró que el plan que se gestaba en su contra fue desbaratado porque pudo haber sido “un desastre”, e insistió en que ahora hay que esperar que todo se solucione y esclarezca. 

El alerta a las fiscales

El alerta que puso a las fiscales federales de Misiones en la mira fue detectado en enero y desde ese momento todas ellas cuentan con custodia y otras medidas de seguridad. 

Según pudo reconstruir El Territorio, todo comenzó a principios de año, cuando las autoridades paraguayas se comunicaron con sus pares en Argentina para ponerlos al tanto de los peligrosos indicios que habían detectado tras detener a dos delincuentes. 

Es que en poder de esos malvivientes los pesquisas paraguayos incautaron varios teléfonos celulares en donde se hallaron varios mensajes que daban cuenta de la intención de atentar contra una funcionaria judicial de Misiones. 

En detalle, el chat incluía la escalofriante pregunta: “¿Cuánto cuesta matar a...?” y la respuesta fue “20.000 dólares”. 

Al margen de ello, las fuentes indicaron que la amenazante información no pudo ser individualizada. Lo único que se pudo establecer fue que el blanco era una mujer y ante ello se optó por brindarle custodia a todas las funcionarias del ámbito federal. 

En paralelo a la medida de prevención, desde Argentina decidieron iniciar una profunda investigación para esclarecer lo sucedido y encontrar a los responsables. 

Se supo así que los mensajes habían salido de un teléfono que es utilizado dentro de la Unidad Penal 17 de Candelaria.

Sin embargo, las fuentes indicaron que el aparato en cuestión no era utilizado por ningún reo en particular, sino que se trata de un teléfono al cual todos los internos tienen acceso para comunicarse con sus familiares, abogados y allegados, por lo cual resultó complicado establecer quién de todos los detenidos en ese lugar fue el autor de los mensajes. 

Tanto ese teléfono como los aparatos incautados en poder de los delincuentes detenidos en Paraguay fueron entregados a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para las correspondientes pericias, pero hasta el momento no se pudieron obtener mayores pistas. 

Bajo ese panorama, los voceros consultados aclararon que hasta ahora no se pudieron recolectar mayores elementos como para establecer si se trató de una amenaza real o latente, pero ante la gravedad que la información obtenida pudo representar se decidió actuar en consecuencia para preservar la seguridad de las funcionarias misioneras.