La trata de personas llegó para quedarse: ahora reclutan indígenas

Aborígenes de Puerto Iguazú son reclutados por organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual; una modalidad delictiva cuyos primeros síntomas, como si se tratara de un mal inevitable, comenzaron a aparecer hace unos tres años.
Las comunidades indígenas no reconocen límites fronterizos entre naciones; constituyen una sola Nación y sus integrantes suelen vivir meses en Brasil, Argentina o Paraguay para después levantar campamento y emigrar a otra aldea de algunos de esos países (sin que ninguna autoridad se percate o tome registro de estos movimientos, propios de costumbres que son ancestrales).
Ese tránsito continuo y rotativo es aprovechado por las mafias para reclutar a originarios de estas tierras y trasladarlos, por lo general a bordo de costosos automóviles, hacia distintos puntos del país.
La modalidad delictiva se planifica sin dejar ningún detalle librado al azar. De acuerdo al lugar donde se encuentre la víctima elegida -en este caso Brasil o Paraguay-, la trasladan a territorio argentino, escala previa de diversos destinos de reclutamiento como Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y más al Sur del país todavía.
Sin ir más lejos, el año pasado, la Justicia desbarató una peligrosa banda en la ciudad cordobesa de Río Cuatro donde rescató a once jóvenes misioneras que eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones infrahumanas.
En ocasiones, incluso, para evitar cualquier inconveniente con los controles migratorios, los aborígenes, conocidos como paisanos en la región, son traídos en precarias embarcaciones por la frontera hídrica hacia la Argentina o desde la Argentina a países limítrofes, en el caso de las organizaciones internacionales.
El delito de trata de personas en la Triple Frontera, más precisamente en jurisdicción de Puerto Iguazú, siempre que el traslado sea por agua, se materializa por pasos clandestinos, no habilitados o parajes conocidos como lo son Puerto Península, Picada Galeano o Guazú Cué, por citar algunos ejemplos.
“La trata de personas llegó para quedarse”, se denomina el trabajo efectuado por el juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, César Raúl Jiménez.
En él, Jiménez indica que las empresas de turismo ingresaron al hábitat del hombre “autóctono” de estas tierras, porque “es muy rentable sacarse foto con el indio, y el nacional o el extranjero empezó a preguntar ¿Cuánto sale aquella indiecita de catorce años o aquel indiecito de dieciséis; y así la trata llegó a nuestros originarios, por obra y gracia de la ‘Desigualdad y la Pobreza’, posibilitando la explotación sexual y el delito de Trata en la Triple Frontera”.
Otras fuentes consultadas clasifican a este tipo de gavillas en tres estamentos: local, nacional e internacional.
En Misiones, por ejemplo, se detectaron casos de niñas y niños que fueron privados de su libertad en la zona Centro y rescatados en Iguazú o San Vicente.
En ese contexto, no tienen dudas de que los mercaderes de la esclavitud sexual “mueven” a las víctimas en forma permanente, de un lado a otro de la tierra colorada.
Una situación similar se produce en el plano nacional e inclusive internacional, siempre en condiciones paupérrimas de vida para los desgraciados que caen en las redes de estas asociaciones ilícitas.
“Misiones suministra un flujo constante de niños, niñas y adolescentes a países vecinos. Los principales proveedores son municipios como San Vicente, San Pedro, que limita con Brasil, Jardín América, Eldorado y Posadas”, señaló Jiménez.
Los reclutadores focalizan su atención y radio de operaciones sobre las zonas rurales de la provincia, más precisamente en “familias de escasos recursos”, que quedan expuestas por necesidades básicas insatisfechas al accionar inescrupuloso de estas bandas.
“Esa red de explotación interna se combina con el turismo sexual infantil” convirtiéndose en un negocio redondo para estas mafias en la zona de la Triple Frontera.
En esa región del Norte misionero, la explotación sexual y trata de aborígenes es conocida como “turismo sexual exótico”. Los principales interesados serían turistas europeos que arriban a Brasil, Paraguay y hasta Argentina con sus abultadas billeteras en busca de aventuras sexuales con menores aborígenes, sean varones o mujeres.
Dicen que en una ocasión un visitante mencionó que tener relaciones con una “india lo despoja de la mala suerte”.
“La trata vino para quedarse” y es cierto, hace muchos años. Lamentablemente, Misiones es una de las principales proveedoras de niños, niñas y mujeres para este tipo de delitos que mueve miles de millones de dólares al año a nivel mundial, situándose detrás del narcotráfico y el tráfico de armas.
“El Estado debe buscar un modelo de organización que fortalezca a la sociedad, incluyendo a los excluidos, a los más vulnerables, mujeres, niñas, niños y adolescentes”, dijo Jiménez.


Primer Congreso Latinoamericano
El primer Congreso Latinoamericano sobre trata de personas y tráfico de personas se desarrollará el 4, 5 y 6 de junio venidero en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Uba), evento que contará con la presencia del juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, César Raúl Jiménez, informaron a este diario.
El magistrado disertará en la clausura de las tres jornadas, alrededor de las 18.
La iniciativa cuenta con el auspicio y organización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Uba y del Centro de Investigación y Acción en Derechos Humanos.


Penas de 3 a 15 años de prisión
En abril pasado, la Cámara de Diputados de la Nación transformó en ley el proyecto, previamente aprobado por el Senado, que tipifica como delito federal la trata de personas.
La iniciativa castiga con penas de entre tres y 15 años de prisión a los responsables de ese delito, que moviliza en el mundo unos 32.000 millones de dólares al año.
“La iniciativa aprobada en general establece medidas para prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas. No contempla únicamente la explotación de personas con fines sexuales (prostitución), sino que la novedad del texto es que incorpora otros aspectos de la trata, como el sometimiento a trabajos forzados, las situaciones de esclavitud y hasta la extracción ilegal de órganos”, informó en su momento el diario La Nación. Además:

* Diferencia a las víctimas mayores de las menores de 18 años. En el primer caso se deberá demostrar que hubo algún método de coerción para que se configure el delito.

* En el caso de que las víctimas sean menores de edad, la escala penal se eleva de cuatro a diez años de cárcel. Si se trata de menores de 13 años, será de seis a 15 años de prisión.