Advierten sobre la desaparición de los guaraníes por falta de tierras

La destrucción de los terrenos que habitaron ancestralmente está haciendo que los siete mil aborígenes que aún quedan en la provincia de Misiones dependan cada vez más de la sociedad para sobrevivir. Fue una de las advertencias escuchadas en la plaza 9 de Julio, la semana pasada, que también explica el por qué “base” de la presencia de 38 aldeas guaraníes en el centro de la ciudad.
Aunque puntualmente los aborígenes decidieron salir de sus comunidades para reclamar asistencia alimentaria, de salud y que sea un funcionario indígena quien los represente en el Gobierno, el drama de fondo es la pérdida de sus territorios, a manos del “blanco”, explicaron representantes de organizaciones que los acompañan en su manifestación.
“El factor principal de la crisis es la falta de territorio. La cultura mbyá utiliza los recursos naturales en amplias extensiones de tierra. Se desplazan grandes distancias para cazar, pescar, recolectar frutos del monte. La presión demográfica sumada a la explotación forestal irracional hizo que las comunidades vean reducido su espacio vital”, explicó Ariel Araujo, coordinador general de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones Indígenas de la región Chaqueña y Misiones (Copirecha). Y continuó: “Eso hace que (los aborígenes) no tengan los recursos alimentarios de la selva y dependan de los que provee la sociedad. Eso hace que necesiten dinero y trabajo, algo que escasea en el interior de Misiones. Porque la tarefa, por ejemplo, es una actividad de paga muy baja… Es como un círculo vicioso que se va acrecentando día a día”.
Araujo recordó que aún quedan unos siete mil guaraníes en la provincia, agrupados en 76 aldeas y lamentó que sólo 38 hayan podido llegar hasta Posadas debido a la imposibilidad de conseguir transporte, “sumado al amedrentamiento policial que existe en muchas comunidades, porque fueron a intimidar a muchos caciques para que no se movilicen”, según denunció.

Desnutrición y tuberculosis
Tratando de ir más allá del aspecto político, Araujo remarcó que “hay emergencia alimentaria y sanitaria, con picos muy graves en algunas comunidades, con niños con alto índice de desnutrición y enfermedades asociadas como la tuberculosis. De ahí el reclamo de planes de emergencia coordinados para que sean efectivos, no un mero asistencialismo sino que les permitan salir de esta crisis”.
El dirigente de Copirecha afirmó que los pocos datos estadísticos que se tienen, con respecto a la situación alimentaria y de salud en las aldeas son “fragmentados”, pues “la provincia no lleva un registro. En el sistema de salud, el tema indígena no está contemplado”, subrayó. Y como un ejemplo de todo lo dicho citó a las comunidades de Tekoa Yma y Tekoa Kapi'i Yvate, de la zona de Yabotí.

En sus palabras
“Tenemos problemas de tierra, de salud y de toda clase”, confió el cacique Lidio Giménez, de la aldea Cuña Pirú I, situada a diez kilómetros de Aristóbulo del Valle.
Allí, 41 familias (en total, 217 personas) libran una lucha diaria por la supervivencia, en la que la tenencia de la tierra es vista como decisiva.
Giménez, contó que reclaman 6400 hectáreas, propiedad de la Universidad de la Plata, donde “los animalitos del monte se están terminando”, plantan maíz, mandioca, batata, poroto. Y donde están ingresando familias de colonos que por el momento son casi diez.
“Por eso fuimos tres veces a Buenos Aires el año pasado y una este año, pero no conseguimos la sesión de los terrenos”, agregó.
El cacique también confió que cuando su gente se enferma, lo primero es ir al “médico” de la comunidad para después, si éste lo recomienda, recurrir al hospital de Aristóbulo del Valle. Claro, para ello y si el caso es grave, alguien debe recorrer los diez kilómetros que separan la aldea de la citada localidad a pie, en busca de una ambulancia o ayuda de la policía.
La situación es parecida en la comunidad Yryapú, a tres kilómetros del centro de Iguazú, donde viven 40 familias guaraníes (en total 220 personas), aunque esta vez en 265 hectáreas propias.
Aquí, existe una escuela primaria y una perforación, que hacen un “poquito” más llevadera la existencia, en un lugar que aunque no acusa tala indiscriminada sí la falta de animales que antes eran comunes, según el cacique Miguel Morínigo.
En tanto, a 18 kilómetros de San Ignacio urge la ayuda alimentaria y de salud, de acuerdo con el cacique Ricardo Benítez, de la comunidad Ñu Porá. Allí, en 48 hectáreas “cedidas por el obispado”, siete familias (en total 36 personas, de las cuales 26 son chicos) tratan de plantar hortalizas y verduras, aunque no alcanza.
“No se puede plantar mucho. No aguanta, no tenemos tierra buena. Falta comida y no tenemos posibilidad de conseguir mercadería”, expresó Benítez, quien llegó a la comunidad hace cinco años, después que se disolviera una aldea de Piraí Miní a la que pertenecía. “Se terminó, se desparramaron”, contó, con un gran dejo de resignación. Cuando alguien se enferma en la comunidad de Ñu Porá, el procedimiento es similar al de Ka Aguy Poty, de acuerdo con el cacique, quien detalló que abundan los casos de “fiebre y de gente que se corta”.

Bajo lluvia y con frío
Los aborígenes cumplen hoy 17 días apostados en la plaza 9 de Julio, donde hombres y madres con niños en brazos levantaron carpas, en un desesperado intento por hacerse oír, por encima de cualquier marco político-partidario.
Ayer, la lluvia y el frío complicaron aún más la subsistencia en el lugar, que se efectúa prácticamente sin baños y con el lavado de ropas en la fuente del tradicional paseo. El cacique Benítez, haciendo una pausa y tomando aire para ordenar sus ideas, en diálogo con El Territorio, dirigió un impotente reproche, observando la vigilada casa de gobierno al considerar: “Estamos en las puertas y ni siquiera miran. No es justo para uno. No se reclama lo que no corresponde”.


“Parecen depredadores sin alma”
La situación de las comunidades de Tekoa Yma y Tekoa Kapi'i Yvate, de la zona de Yabotí fue puesta como un claro ejemplo de la acción del hombre “blanco” sobre el hábitat de los aborígenes. Y paralelamente a la manifestación que se efectúa en la plaza 9 de Julio, la  Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció que el Ministerio de Ecología de la Provincia y la empresa Moconá Forestal S.A. “trabajan juntos en el lote 8 de la reserva de biosfera, para justificar el reinicio de la extracción de árboles”.
En conferencia de prensa, el presidente de Funam, Raúl Montenegro, describió que “la tala ejecutada antes de que se prohibiera la extracción por un año fue “brutal y despiadada” y que esto lleva a un “genocidio silencioso”.
“Vaciaron la selva de grandes árboles y crearon un desierto de suelo rojo. Esto rompió el corazón de los niños y adultos de la comunidad (mbya) y amenazó más aún su calidad de vida y su salud (...) Esta barbaridad no puede quedar impune. Quienes hicieron esto no parecen seres humanos, sino depredadores sin alma”, concluyó.