Es permeable la Triple Frontera para casos de Trata de Personas

De acuerdo a un escrito oficial concretado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Argentina es “un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la Trata de Personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso”.
Allí se agrega que muchas de las víctimas del citado flagelo provienen de zonas rurales o provincias norteñas, y son obligadas “a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del Centro y Sur del país”.
Se señala como “zona lábil” a la Triple Frontera con Paraguay y Brasil, donde también “constituye un problema” el turismo sexual infantil, específicamente en la jurisdicción misionera, al igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los expertos analizan que las extensas fronteras de Argentina dificultan el monitoreo y convierten al país en lugar de tránsito para los tratantes y sus víctimas. El Código Penal no lo prohíbe, subraya el informe, “y el Gobierno no penó a ningún turista de esta clase”.

Bajo el título “Informe 2010 sobre Trata de Personas”, se analiza de manera pormenorizada a las particularidades de la Trata en el país. El trabajo es de junio del año pasado, pero ahora se le agregaron dos apartados especiales donde se ofrece un panorama sobre este delito en la zona de la Triple Frontera.
Al decir del documento público, “una gran cantidad de mujeres y de niños extranjeros, principalmente de Paraguay, Brasil, Perú y República Dominicana, son forzados a ejercer la prostitución en Argentina”, consigna el Departamento de Estado norteamericano. Además por el país también pasan esclavas sexuales que terminan en Chile, Brasil, México y Europa Occidental.
“Ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos, colombianos y dominicanos son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos, emprendimientos agropecuarios, y en forma creciente, en almacenes y venta callejera”, se explica.

 

Respuestas
El informe reconoce que el Gobierno lleva a cabo esfuerzos significativos, y que mejoró los mecanismos para identificar y asistir a las víctimas.
Sin embargo, apunta que “no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas”.
El documento destaca que el número de condenas ha sido bajo, comparado con el de víctimas identificadas; y agrega que ninguna alcanzó a funcionarios oficiales involucrados en este delito. El organismo norteamericano remarca la corrupción que lo hace posible: “algunos miembros de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales están en complicidad con delitos relacionados con la trata de personas. Algunos funcionarios policiales presuntamente consienten actividades relacionadas con la trata o advierten a los propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes”.
Al respecto señala que si bien la Procuraduría General de la Nación instruyó a todos los fiscales del país a tratar de clausurar todos los lugares donde se ejerce la prostitución, prohibidos por Ley desde 1936, “la Policía suele avisarles de los operativos, y la resolución tendrá poco efecto, a menos que se haga algo para tratar la complicidad policial”.
Por otro lado, el informe rescata la capacitación a más de 4.000 funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad, así como la creación de unidades especializadas para aplicar la Ley de trata en diez provincias.
Allí se objeta que en general han sido las ONG´s y los organismos internacionales los que brindaron asistencia a las víctimas. El informe cuestiona que la mayoría de las víctimas de este delito fueron derivadas a hoteles seguros o a refugios públicos vinculados con violencia doméstica, cuya calidad y nivel de atención son desparejos según las provincias. Señala además que sólo hay un refugio especializado en todo el país, perteneciente a una ONG.
Cuando se redactó el documento, no sólo existía ese refugio en Tucumán (de la Fundación María de los Ángeles), sino también otro en Posadas, de la Dirección de Trata de la Provincia de Misiones, y un tercero en Puerto Iguazú, dependiente del municipio. Durante el 2010 se abrieron sendos hogares estatales en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires.

 

 

Los juicios iniciados

De acuerdo al informe del Departamento de Estado, las autoridades presentaron acusaciones contra 90 individuos en 54 causas de Trata.
Durante el período que cubre el informe, el Gobierno logró condenar a tres acusados por Trata de Personas con fines sexuales, que recibieron sentencias de cuatro y diez años y una condena de cuatro años con arresto domiciliario.
Se agrega que “según organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, algunos miembros de las fuerzas de seguridad nacional y provinciales están en complicidad con delitos relacionados con la trata de personas”.
En relación con el tema de las penas, se determina que “el año pasado el Gobierno aumentó los esfuerzos de aplicación y cumplimiento de la Ley anti-trata. Argentina prohíbe toda forma de trata en virtud de la Ley 26.364 sancionada en abril de 2008, que prevé penas privativas de la libertad que van de tres a quince años. Dichas penas son lo suficientemente estrictas y superiores a las estipuladas para otros delitos graves como la violación. La Ley argentina estipula que los acusados de delitos con penas de tres años como mínimo tienen derecho a la libertad bajo fianza. Las autoridades presentaron acusaciones contra 90 individuos en 54 causas de Trata”.