Caso Cecilia Cubas: el gran golpe de la guerrilla en Paraguay

Con la reciente condena de siete acusados por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas Grau (1998-1999) en un operativo realizado por miembros del Partido Patria Libre (PPL) con la colaboración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), se revivió uno de los más importantes y controversiales casos en la historia reciente del vecino país.
La hija del exmandatario permaneció 148 días en cautiverio; fue hallada en una fosa ubicada debajo de la vivienda de un líder del Partido Patria Libre, implicado en el secuestro; la autopsia indicó que murió por asfixia.
Fue un hecho que conmocionó a la sociedad paraguaya debido a diferentes factores como comentó el editor de policiales del Diario ABC Color, Edgar Herrera: “El secuestro de Cecilia Cubas fue realizado de una manera muy violenta, detuvieron su vehículo a los tiros y fue sacada por la fuerza. Se ejerció mucha violencia como para asegurar el secuestro y como para no dar probabilidades al error del objetivo”, describió.

Las condenas del tercer juicio oral se conocieron el miércoles pasado. Durante el mismo se sentenció a total a 35 años de prisión a Carlos Ramón Espínola, Agustín Acosta, Basiliano Cardozo, Simeón Bordón, Arístides Vera, Roque Rodríguez y Gustavo Lezcano. Y en otros dos juicios anteriores se condenaron a otras trece personas.

 

El secuestro
La pesadilla comenzó el 21 de septiembre de 2004, cuando un grupo armado logró secuestrar a la hija del exmandatario Raúl Cubas Grau en un operativo tipo comando a las 18:45, a escasos metros de la mansión familiar en Asunción, cuando  la joven conducía su vehículo.
Cecilia Cubas, empresaria de 31 años, estaba entrenada en autodefensa y se resistió, chocando su camioneta varias veces contra el vehículo de sus secuestradores para poder escapar. No lo logró.
“El secuestro de Cecilia se produjo en un momento en que esa modalidad delictiva era literalmente desconocida aunque no tanto porque ya en el 2001, se produjo el primer secuestro extorsivo en Paraguay, me refiero al de María Edith de Debernardi, llevado a cabo por un grupo de extrema izquierda que después fueron los implicados en el caso Cubas”, destacó Herrera.
Poco después del rapto de Cecilia, la banda criminal llegó a la casa ubicada en la calle Las Palmas 342, barrio Mbocayaty de Ñemby, conocida luego como “La Casa del Terror”.
Se habló del pago de un rescate por parte de la familia. Sobre ello el periodista de investigación del diario Última Hora, Andrés Colmán Gutiérrez señaló: “El 12 de noviembre, Cubas Grau realizó el primer y único pago de rescate, una suma que según el exmandatario fue de 800 mil dólares, pero Cecilia no fue liberada. Dionisio Olazar, un dirigente de Patria Libre que en ese momento hacía de informante para la Policía, aseguró que solo se pagaron 300 mil dólares, y que debido a ello el grupo decidió retener a la secuestrada”, precisó.
Luego de 148 días en cautiverio, Cecilia Cubas fue hallada muerta en una vivienda abandonada de Ñemby el 16 de febrero de 2005.
El periodista Colmán Gutierrez recordó los hechos: “durante una inspección a una vivienda que aparecía en un video de entrenamiento de secuestro, la fiscala Sandra Quiñónez encontró un hueco bajo uno de los pisos del fondo. Tras una trabajosa excavación se comprobó lo peor: un cuerpo femenino en total descomposición estaba enterrado bajo tierra y cemento”, relató.
Los forenses confirmaron que la joven murió por asfixia, unos 60 o 90 días anteriores al hallazgo, y que aún se encontraba con vida cuando fue arrojada a la fosa.

 

Las Farc, colaboradores directos
La propiedad donde se encontró el cadáver de Cecilia Cubas, pertenecía a Manuel Cristaldo Mieres, un militante del partido de izquierda Patria Libre, según los primeros informes.
Sobre la investigación realizada por las autoridades paraguayas el periodista Herrera explicó: “se determinó que los principales cabecillas resultaron ser personas afiliadas al partido Patria Libre que posteriormente resultaron ser miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”.
 “El otro condimento denso fue la detección de elementos que fueron a confirmar el asesoramiento del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Correos electrónicos y mensajes de textos, a través de celulares, evidenciaron que elementos de las Farc monitorearon el hecho desde la planificación del secuestro, la materialización del mismo y las negociaciones”, explicó.

 

Condenados, prófugos y muertos
Por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas se hicieron tres juicios orales y hay en total 20 procesados condenados, pero aún quedan varios prófugos. El tercer juicio culminó el pasado miércoles 11 de julio con la condena de las siete personas que participaron de la reunión en que se aprobó la muerte de Cecilia.
Desde el 2005 están prófugos los supuestos principales autores materiales del secuestro, entre ellos Manuel Cristaldo Mieres, Osvaldo Villalba, Magna Meza y Óscar Benítez.También son buscados por este caso Lorenzo González, Alsides Mereles, Isax Burgos, Blas Franco y Ángel Acosta.
Por el hecho también son requeridos en Paraguay y resto del mundo los miembros de las Farc, Rodrigo Granda y Orley Jurado Palomino, quienes presuntamente asesoraron a los secuestradores.
En enfrentamientos con policías fallecieron los buscados Severiano Martínez, Nimio Cardozo y Gabriel Zárate Cardozo. Otro que ya murió es el que en su momento fue el segundo al mando de las Farc, Raúl Reyes, quien recibió los reportes de parte de Granda y Palomino.

 

 

Opinión
EPP, el grupo armado que no deja dormir a los poderosos del Paraguay

En algún lugar de los campos y selvas de Concepción, San Pedro o el Alto Paraguay, desde hace algunos años hay un grupo de hombres y mujeres vestidos con uniforme camuflado, rifles de asalto FAL, el rostro cubierto por negros pasamontañas con las siglas EPP escritas con pintura blanca, portando en la mochila una bandera verde y roja, con un escudo y la figura del Mariscal Francisco Solano López montado a caballo, bajo la leyenda “Ejército del Pueblo Paraguayo”.
Las versiones acerca de quiénes son en realidad, son diversas y contradictorias.  Los voceros oficiales y extraoficiales del grupo armado insisten en presentarse -a través de sus esporádicos comunicados, publicaciones y declaraciones periodísticas- como un comando guerrillero insurgente, de orientación marxista leninista nacionalista, que se propone la toma del poder de la República a través del uso de las armas.
El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio Público los presentan como a criminales delincuentes comunes, acusados de asesinatos, secuestros extorsivos, asaltos a comisarías policiales, puestos militares y establecimientos ganaderos, entre otros delitos.
Algunas agrupaciones de izquierda, como el Partido Comunista Paraguayo (PCP), los caracterizan como un invento de sectores de derecha para justificar acciones represivas contra organizaciones sociales y políticas. Y algunos cientistas sociales, dirigentes gremiales y periodistas, aseguran que solo son un grupo fantasma y no tienen existencia real.
Se los conoce con la auto-denominación de Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), desde la noche del miércoles 12 de marzo de 2008, cuando entre seis o siete hombres armados atacaron la Estancia Santa Herminia, del productor sojero brasileño Naborth Both, en la región de Kurusu de Hierro, distrito de Horqueta, Sur del departamento de Concepción.
En el lugar dejaron volantes impresos con la leyenda: “Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta forma…”.
Esa fue la primera vez que se escuchó hablar del EPP. Pero los orígenes del grupo y la aparición de sus principales dirigentes en la escena político-revolucionaria o político-delictiva empiezan unos 18 años antes, a poco de la caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner en Paraguay.
La primera vez que se supo de ellos fue en enero de 2002, tras el secuestro y liberación de María Edith de Debernardi, nuera de uno de los hombres más influyentes y acaudalados que sobrevivió a la dictadura Stronista, el ingeniero Enzo Debernardi, quien hizo fortuna con la construcción de la represa de Itaipú. Para liberarla, la familia tuvo que pagar un millón de dólares.
El episodio marcó el inicio de una seguidilla de grandes secuestros dentro del crimen organizado en Paraguay. El mismo día de la liberación de María Edith, la Policía reveló que tras el sonado caso delictivo había un trasfondo político: la mayoría de los acusados pertenecían o estaban relacionados al Partido Patria Libre, una organización de izquierda creada en 1992 e inscripta legalmente ante la Justicia Electoral.
Posteriores investigaciones permitieron confirmar que ya en 1992, durante la fundación del Partido Patria Libre, liderado por el joven economista Juan Arrom, se había empezado a desarrollar un proyecto alternativo: la creación de un brazo armado clandestino, una organización político militar de orientación marxista leninista, pero con ideario nacionalista, inspirado en las figuras de dos héroes paraguayos, el dictador independentista José Gaspar Rodríguez de Francia y el mariscal Francisco Solano López, para impulsar la toma del poder a través de las armas, e instaurar un  gobierno revolucionario y socialista. Recién el 1 de mayo de 2008 el grupo adoptaría un nombre oficial: Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Hasta ahora se les atribuyen  9 asesinatos, 4 secuestros, y 15 ataques a estancias, comisarías, destacamentos y oficinas públicas. Los más recientes ocurrieron ya durante el Gobierno de Federico Franco, tras la destitución del presidente Fernando Lugo.
El Gobierno de Franco ha tomado como una de sus principales banderas mostrar buenos resultados en la lucha contra el grupo armado, buscando diferenciarse de la imagen de ineficiencia e incluso presunta complicidad que marcó al Gobierno de Fernando Lugo. Pero hasta ahora, no lo está logrando.

 

Andrés Colmán Gutiérrez
Periodista de Investigación -Diario Última Hora