Crisis política por el sangriento enfrentamiento en Curuguaty

La muerte de al menos 16 personas puso al Gobierno de Fernando Lugo en la situación más delicada desde su asunción, en agosto del 2008.
Lugo suspendió todas las actividades que tenía agendadas ayer e hizo dos apariciones, una a través de un comunicado para solidarizarse con las familias de los policías muertos, y otra en persona, para informar que ordenó a las Fuerzas Armadas que se sumen a la zona para garantizar que no haya nuevos enfrentamientos.
Por los hechos, en la noche de ayer destituyeron al ministro del Interior, Carlos Filizzola y al comandante de la Policía, Paulino Rojas.
Políticos de la oposición lanzaron duras críticas contra Filizzola. “Garantizaron la integridad de los campesinos y despreciaron la vida de los policías. Por eso se produjo la masacre”, dijo el diputado Salyn Buzarquis.
 Senadores de partidos opositores igualmente pidieron “la cabeza” del ministro del Interior y del ministro de Defensa.
La gobernadora del departamento de Canindeyú, Cristina Villalba, calificó a Filizzola de “irresponsable” tras recordar que le había advertido que un desalojo violento iba a desembocar en pérdida de vidas. Asimismo, dijo que “coincidencia o no, los que lideraron esta ocupación son amigos del Presidente. Están al lado de sus principales colaboradores”, en referencia a los vínculos de Lugo con el campesinado, y agregó que el presidente “no tiene voluntad para cortar de raíz esta situación”.
Por su parte, Carlos Filizzola manifestó en conferencia de prensa que no renunció al cargo, sino que lo puso a disposición del presidente. Precisó que fue el mandatario Fernando Lugo quien resolvió removerlo.
 “El Presidente aceptó, hablé esta noche, hace unas horas y llegamos a esa conclusión. Ha tomado la determinación de dar curso a lo que le pedí”, indicó el saliente ministro del Interior.
Además, aseguró que la misma decisión se adoptó con relación al comisario Paulino Rojas, quien dejará la comandancia de la Policía. Agregó que la decisión no cambia en nada su compromiso con el proyecto que apoya la presidencia de Lugo.
A todo esto, el ministro de Eduación, Víctor Ríos, manifestó que hoy se hará el anuncio oficial sobre las personas que reemplazarán a Filizzola y Rojas.
“Solicitamos tranquilidad a la ciudadanía. Reiteramos el profundo dolor del Gobierno por las muertes y aclaramos que estos asesinos que mataron a policías no van a ganar la batalla”, reflexionó.

Fuego cruzado
La Policía Nacional, en tanto, emitió un comunicado en el que denunció la “cobarde agresión” de los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos a los uniformados, y remarcó que la fuerza pondrá “el mejor de sus esfuerzos para el cumplimiento de sus funciones”. El comunicado denuncia que los policías fueron recibidos con disparos de armas de fuego, y el jefe de investigación de Salto del Guairá, Walter Gómez, fue aún más allá al denunciar que los uniformados fueron “emboscados por los campesinos”.
A modo de réplica, el dirigente José Rodríguez, del Movimiento de los Campesinos, afirmó que las familias rurales establecidas en la hacienda “sólo resistieron al desalojo y no fueron las culpables de los disparos” contra la Policía.
El problema de la tenencia de la tierra es uno de los más complejos en Paraguay, donde grandes propietarios fueron acusados por instituciones estatales de apoderarse de terrenos mediante negocios ilegales y son frecuentes las ocupaciones por parte de los sin tierras.
Un plan de reforma agraria y entrega de terrenos a los campesinos fue parte de las promesas de campaña de Lugo, pero esa iniciativa avanza lentamente.

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