Falta pensar al género en la Justicia

De acuerdo al pensamiento de integrantes de la Justicia nacional, como de especialistas en la materia, en los proyectos e iniciativas de reforma y de democratización de los ámbitos judiciales escasea la perspectiva de género.
Se reconoce que las mujeres han logrado ocupar espacios en los más altos tribunales del país; pero ese número es todavía insuficiente. Con ese norte se analizará el contenido de un reciente documento emanado de una ONG argentina especializada en la temática de las mujeres en los ámbitos judiciales.

Oficinas especiales 
Según la perspectiva de los investigadores que componen el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) “en los actuales debates actuales sobre la democratización del Poder Judicial todavía no se ha considerado suficientemente la igualdad de género”.
Se agrega en el citado escrito que “no es desconocer los avances impulsados desde las oficinas especiales creadas por la Corte Suprema de Justicia o el impulso de cambios desde el Ministerio Público, afirmar que buena parte del Poder Judicial todavía descree de la palabra de las mujeres cuando se trata de investigar ciertos delitos; que todavía se culpabiliza a las víctimas y se siembran sospechas sobre los inocentes mientras blindan a los culpables”. El Observatorio de Sentencias Judiciales de ELA da cuenta de “fallos cargados de estereotipos discriminatorios y prejuicios, mostrando claramente todo el trabajo que queda por hacer para que todo el Poder Judicial responda a un ideal de justicia democrática”.
Según el punto de vista de sus integrantes, “la legitimación del Poder Judicial puede y debe buscarse desde su conformación, con mecanismos abiertos y transparentes para el acceso y ascenso, que puedan contribuir a un Poder Judicial más plural y diverso. Superar la homogeneidad de una “clase” que toma decisiones sobre la vida, la salud, el bienestar, las posesiones de mujeres y varones sin duda constituye un paso adelante. La diversidad de género, geográfica, étnica, de condición socioeconómica, es una contribución a un Poder Judicial más democrático. Pero esta condición necesaria, sin embargo, no es suficiente”.
También “es necesario garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información sobre las sentencias y los procesos. Las decisiones del Poder Judicial deben ser conocidas y analizadas por la sociedad civil, la academia, los pares y los “justiciables” varones y mujeres destinatarios de las decisiones y que sin embargo mientras se mantenga el oscuro lenguaje con que generalmente se escriben las sentencias, la mayoría de las veces no lograrán comprender el alcance de la decisión que afecta sus vidas”, finaliza el reciente documento que será analizado en Puerto Iguazú el 14 y 15 de marzo próximos. Para la ocasión, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, y la ministra de ese tribunal Carmen Argibay, encabezarán el “I Encuentro Regional  para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces” y el “XX Encuentro Nacional de Asociación de Mujeres Jueces de Argentina”. Se escuchará las ponencias de una de las fundadoras de la Asociación Internacional, Arline Pacht. Brindarán su aporte Aída Kemelmajer de Carlucci junto a reconocidas constitucionalistas, como María Angélica Gelli, entre otras.