Oficializaron una nueva Ley de Tierras que rige en todo el país

Bajo el número 26.737, se publicó en el Boletín Oficial la “Ley de Protección al Dominio Nacional sobre Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”.
De esta manera se bajó del 20 al 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional respecto de personas de nacionalidad extranjera.
Se dispuso que las tierras rurales, cuyo significado se amplió al definirse como a todas aquellas que están fuera del ejido urbano de un mismo titular extranjero, no podrán superar las 1.000 hectáreas “o superficie equivalente” según la ubicación territorial a determinar por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.

En relación a quienes quedan exceptuados de las limitaciones, se estableció que son los extranjeros que cuenten con diez años de residencia continua, permanente y comprobada. También los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente de cinco años o los que estén casados con ciudadanos argentinos con residencia acreditada. La iniciativa fue impulsada ante el interés de grandes países con posible déficit de alimentos, como India y China, por comprar tierras en la Argentina.
Su objetivo es “determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, y establecer las obligaciones que nacen del dominio o posesión de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente ley; además de regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción”.

 

Investigaciones
Organizaciones internacionales difundieron informes sobre la existencia de intensivos procesos de extranjerización de tierras en América Latina, Caribe y África, según los trabajos dados a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao). Se promovió una investigación en 17 países de América Latina y el Caribe, en la que se destaca la adquisición creciente de enormes extensiones de suelos fértiles necesarios localmente para producir alimentos. En ese sentido, los datos recopilados documentan compras de alrededor de 71 millones de hectáreas para la explotación minera, la producción de bio-combustibles, la tala de bosques madereros, la radicación de industrias y los reservorios de agua potable.
El término técnico utilizado por la Fao para encuadrar la situación es “acaparamiento de tierras”, donde se resalta que “el fenómeno de concentración y extranjerización de la tierra y de las cadenas de valor del sector silvo-agropecuario es un asunto que afecta a gran parte de la región”.  Pablo Groppo, especialista de la División de Tierras y Agua de la Fao, resaltó que “la cantidad de hectáreas de los suelos de Clase A (los de mayor capacidad productiva) está limitada y es cada vez menor, por la expansión de zonas urbanas”.
El técnico se manifestó a favor de la extensión a la mayor parte del mundo del programa Sistema Imaginativo del Patrimonio Agrícola Mundial, sobre comunidades rurales, que desde hace varios años se está desarrollando en algunos países de África, Asia e Iberoamérica.

 

 

Intento en Paraguay

El Gobierno de Paraguay precisa de 200 millones de dólares para lograr el reordenamiento territorial y poner en marcha un plan que limite la venta de tierras a extranjeros, similar a las iniciativas de Argentina y Brasil, según el diario de Asunción, Última Hora.
El Presidente Fernando Lugo tiene interés en enviar al Congreso un proyecto de Ley que adecue la legislación paraguaya a la los dos socios mayores del Mercosur. En ese país hay extranjeros que llegan a tener miles de hectáreas. “También vamos a solicitar al Congreso y vamos a ver qué pasa. Tenemos una Ley de Seguridad Fronteriza, pero que no se respeta. No estamos en contra de los extranjeros, pero primero están nuestros compatriotas”, remarcó el mandatario.
En igual sentido se manifestó el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Marciano Barreto, al sostener que “Brasil y Argentina tienen legislaciones muy duras, mientras que en Paraguay se sigue dejando que sea avasallada la soberanía”. Explicó Barreto que en el país rige únicamente “una Ley que entró en vigencia en el 2005, la de la franja de seguridad fronteriza”, que prohíbe la venta a extranjeros en una franja de 50 kilómetros de los límites del país. Aunque esa norma “no se respeta nada porque la mayor parte de la frontera ya fue enajenada”.