Concluyen que el intendente Jair Pereira debe ser destituido

Sábado 3 de octubre de 2015
Jair Pereira deberá preparar su defensa a ser presentada ante los concejales.
La Comisión Investigadora sugirió la destitución del intendente Juan Carlos Pereira, por ineptitud y negligencia. Así surge del dictamen ingresado en la mañana de ayer en el recinto del Concejo Deliberante. De esta manera, se mantiene la solicitud ingresada por el concejal del Proyecto Agrario y Social (PAyS) y a su vez titular de la Comisión Investigadora, Héctor Schwarz.
El pedido de investigación está enmarcado en el artículo 90 de la Carta Orgánica Municipal, que sostiene que “el mandato de los funcionarios electivos sólo podrá ser revocado por ineptitud, negligencia o irregularidad en el desempeño de sus funciones”.
El dictamen de comisión concluyó: “Podemos afirmar que existe ineptitud o irregularidad, obrando con total desprecio por la normativa vigente en el municipio”, e incluye “ineptitud para el desempeño de las funciones que le fueran encomendadas por el pueblo”. Con todos estos elementos, “el intendente debe ser destituido de su cargo”, sostiene el dictamen.
Según la Carta Orgánica, una vez recibido el informe -como ocurrió en la víspera-, el titular del Deliberativo correrá vista al imputado, en este caso Jair Pereira, quien dentro del término de cinco días hábiles podrá hacer su descargo por escrito.

Irregularidades
Los encargados de analizar la gestión del administrador comunal observaron varias cuestiones irregulares, como el hecho de que Jair vetara varios artículos del presupuesto municipal y del Deliberativo.
El dictamen de la Comisión Investigadora consta de un total de 14 fojas y 61 copias de documentales. Los ediles comenzaron evaluando el comportamiento del jefe comunal en la Legislatura provincial. El 30 de octubre de 2014, el diputado provincial Héctor Cacho Bárbaro recibió mensajes intimidatorios realizados desde un teléfono celular por parte de Pereira en la Cámara de Representantes. El contexto fue de lo más llamativo, puesto que tanto el acusado como el denunciante compartían la última sesión parlamentaria en el palacio legislativo cuando -según consta en la denuncia- el jefe comunal del pueblo costero envió los textos intimidatorios.
Pereira escribió que le pegaría “un balazo en la boca” y que si el legislador andaba por El Soberbio, le salaría “el lomo con sal y pimienta negra”.
Considerando la gravedad de la situación, en el recinto y ante un numeroso grupo de intendentes que esperaba la aprobación de un proyecto, Bárbaro hizo públicas -en voz alta- las amenazas que estaba recibiendo, generando solidaridad y el repudio de los presentes.
Fue uno de los primeros comportamientos analizados por la Comisión Investigadora.
Jair Pereira pasó a ser el nuevo jefe comunal el 2 de septiembre de 2013, tras la destitución -también por una Comisión Investigadora- del entonces intendente Elio Alberto “Coleco” Kryvszuk.
En el dictamen se señala que la Cámara emitió una resolución manifestando su repudio a la conducta planteada y que se adoptarán medidas conforme a la Carta Orgánica Municipal.
Recuerdan un primer intento de conformación de la Comisión Investigadora que fue rechazado en la sesión extraordinaria del 19 de noviembre de 2014.
Allí, en el escrito se sostuvo que Pereira “carece de idoneidad y aptitud necesarias” y que su comportamiento desnaturaliza la verdadera esencia de la función pública.
Resaltan además que el Deliberativo es “el único órgano facultado para juzgar la conducta política del intendente, atribución otorgada por la Carta Orgánica”.
Sobre la citada conducta del jefe comunal en relación al cargo que detenta, recuerdan que “se inició una causa penal en contra del intendente”.

Administrativo
Los ediles que integran la Comisión añaden haber detectado “más de un acto administrativo incompatible con las disposiciones legales”.
Pereira vetó el presupuesto de diciembre de 2014, cuando ello está vedado al Ejecutivo, según las normas locales.
Añaden el reconocimiento posterior del jefe comunal de “haber modificado inclusive la planilla adjunta correspondiente a sueldo y dietas”.
Esto lo encuadran en irregular desempeño de sus funciones e interpretan que a su vez el jefe comunal “carece totalmente de la idoneidad, puesto que no alcanza a interpretar una norma jurídica”.
En el tercer punto se refieren al incumplimiento de las ordenanzas, al no dar a conocer la nómina de todos los funcionarios en actividad o suspendidos, que pertenezcan a planta permanente o contratados.
En forma posterior llegaron estas informaciones al Deliberativo, aunque incompletas, destacan los ediles, pero ello no fue cumplido durante casi un año.
“No consta la función que desempeña cada personal”, afirman, y plantean que tampoco figura el asesor jurídico, entre otros aspectos.
A su vez, cuestionan más adelante que suelen llegar incompletos algunos informes elevados desde el Ejecutivo al Deliberativo.
Respecto al patrimonio municipal, plantean la necesidad de investigar, “debido a los reiterados pedidos de informes al respecto”, e indican que no fueron respondidos. Como consecuencia, los ediles sostienen que no tienen conocimiento de las erogaciones pecunarias realizadas por el Ejecutivo municipal.
Sustentan la importancia de contar con estos datos para transparentar “las cuentas públicas”, porque “es una obligación que debemos cumplir”, concluyen los ediles.