Pidieron que Oyarbide se aparte de la causa por las escuchas

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, pidió ayer al juez federal Norberto Oyarbide que se aparte de la causa por las escuchas telefónicas que salpica al Gobierno de Mauricio Macri, a raíz de un viejo enfrentamiento desatado cuando el magistrado estuvo involucrado a mediados de los '90 en un escándalo que puso en jaque su continuidad.
Montenegro recordó que cuando él era fiscal federal (antes de ser juez y, posteriormente, renunciar para ser ministro de Macri)había pedido la declaración indagatoria de Oyarbide en una causa en la que estaba acusado de haber intervenido ilegalmente los teléfonos del abogado Mariano Cúneo Libarona.
Aquel episodio ocurrió cuando Oyarbide se vio complicado por un video tomado en el club nocturno Spartacus y por una causa en la que se investigaba una supuesta red de protección a policías federales sobre ese tipo de establecimientos.

Montenegro recordó que el artículo 55, inciso octavo, del Código Procesal, establece que "el juez deberá inhibirse de conocer en la causa si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados o acusado o denunciado por ellos".
Montenegro fue "acusador" -como fiscal- de Oyarbide, razón por la cual consideró que "se tendrá que apartar y tendrá que continuar otro juez" en la causa en la que se investiga una supuesta red de espionaje montada en torno al gobierno porteño.
El hoy ministro porteño está citado para el 21 de abril próximo, pero su presentación de ayer intenta dejar sin efecto esa convocatoria, mediante un pedido de apartamiento que según las normas procesales debería estar resuelto en 72 horas hábiles.
Montenegro presentó el escrito apenas abrió el horario de atención al público en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, con el patrocinio del abogado que designó en esta causa, Fabián Musso.
Si bien la causal de apartamiento involucra sólo a Montenegro, Oyarbide debería dejar todo el expediente pues el delito que se investiga involucra, en distintos presuntos grados de participación, a otros funcionarios y ex funcionarios.
El apartamiento con uno de ellos implica idéntica medida con el resto.

 

 

Desde “Spartacus” hasta la Federal y el menemismo

La causa por la que el ministro porteño de Justicia, Guillermo Montenegro, pidió ayer el apartamiento del juez federal Norberto Oyarbide del expediente sobre el presunto espionaje en la comuna metropolitana, exhuma el historial del magistrado y su relación con la Policía Federal, de cuya escuela fue profesor.
En 1997 tramitó en el juzgado federal número 11 de Claudio Bonadío, secretaría 22, con la intervención del entonces fiscal federal Guillermo Montenegro, la causa número 3422 contra Oyarbide que estaba imputado de haber ordenado 16 intervenciones telefónicas ilegales al mediático abogado Mariano Cúneo Libarona.
Según se comentó por entonces en la prensa y los ámbitos judiciales, Cúneo Libarona supuestamente habría sido el cerebro de la filmación clandestina de una persona idéntica a Oyarbide participando con un joven en una escena íntima dentro de una habitación del prostíbulo masculino "Spartacus", del barrio de Recoleta, que regenteaba Luciano Garbellano.
Ese video luego fue transmitido por algunos programas de televisión abierta como, por ejemplo, "Hora Clave", del periodista Mariano Grondona.
La participación de un juez de la Nación en un local en el que se cometía el delito de "proxenetismo" y que contaba con el apoyo de la Policía Federal desató un escándalo, que incluso obligó al entonces Gobierno de Carlos Menem a cesar en su cargo al jefe de la División Seguridad Personal, comisario Roberto Rosa, por supuesta connivencia con el comercio sexual.
El escándalo aumentó porque trascendió que Oyarbide, al saber de la existencia de aquel video, había amenazado al conserje del restaurante "La Recova", el argelino Zinedine Rachem, amigo de Garbellano y supuesto concurrente a "Spartacus".
La oposición al menemismo denunció a Oyarbide ante la Comisión de Juicio Político por los supuestos delitos de"mal desempeño de funcionario público" y "posible comisión de delito".
El lunes 11 de mayo Oyarbide compareció ante la comisión y se declaró víctima de una supuesta "interna judicial". El jurado lo declaró inocente y pudo regresar con su cargo a las oficinas de los tribunales.